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/ MAYO 2015

Entrevista al Juez de Garantías de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, en el marco de la Diplomatura en Desarrollo Social, organizada por la Secretaría de Desarrollo Social de Quilmes y la Universidad Arturo Jauretche

Entrevista al Juez de Garantías de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, en el marco de la Diplomatura en Desarrollo Social, organizada por la Secretaría de Desarrollo Social de Quilmes y la Universidad Arturo Jauretche

La segunda clase teórica de la Diplomatura en Desarrollo Social, Promoción, Protección Integral y Restitución de Derechos, con énfasis en la Infancia y Adolescencia, correspondiente al Modulo I: “Derechos Sociales. Derechos específicos de la infancia y la adolescencia”, estuvo a cargo del Dr. Gabriel Vitale, abogado, Profesor Titular de Derecho y Profesor Adjunto de Derecho Penal en la Universidad Nacional de La Plata. Coautor del libro Democracia e Infancia en la Provincia de Buenos Aires. Un análisis crítico de las Leyes 13.298 y 13.364, y desde el 2007, Juez de Garantías del Poder Judicial de Lomas de Zamora. En esta entrevista, Vitale contextualiza la situación en la que operadores sociales de servicios municipales trabajan hoy en la provincia de Buenos Aires, y habla sobre las conquistas políticas en torno a la idea de Infancia y Adolescencia en relación a la recuperación de derechos. Se define como un militante de derechos humanos y esgrime claramente la ruptura que se produjo con el ramillete de leyes sancionadas en los últimos diez años, que –dice- van en contra de ciento cincuenta años de historia.

-¿Cómo es el cuadro de situación hoy?
-En la provincia de Buenos Aires estamos aplicando un sistema de políticas públicas que se comenzó a implementar en el 2007. Antes hubo dos intentos legislativos de políticas públicas de Infancia y de Procedimiento de Infancia que se encontraron suspendidos. O sea que, para comenzar a enmarcar, tenemos que decir que en 2007 fueron puestas en funcionamiento leyes que, en cierta forma, redistribuyeron la política pública. Entonces, en materia de Infancia y Adolescencia hubo una descentralización en los municipios y en la provincia. Cuando hablamos de Infancia y Adolescencia tocamos todos los rubros, no solamente hablamos de salud, sino que hablamos también de territorio, de hábitat, de vivienda, de todos los espacios que antes eran ocupados por el Poder Judicial.

-Es necesario remarcar el período 2007 – 2015, como dato histórico y objetivo, ¿verdad?
-Sí, porque desde el 2007 en adelante se empieza a deconstruir la idea de Infancia en la provincia de Buenos Aires. Y lo cierto es que esa deconstrucción se realiza porque durante muchos años, durante décadas, la imagen de la Infancia fue una imagen que se recibió a través del Poder Judicial. El Poder Judicial era el autorizado a los efectos de representar y visualizar cuál era el estado de minoridad de una persona. En el 2007 se destrabaron algunas cuestiones, como la Ley 13298, y hubo una apuesta del poder ejecutivo que fue sancionar la ley 13634, que es la Ley de Procedimiento.

-¿Un nuevo paradigma de la Infancia en la provincia de Buenos Aires?
-Absolutamente. Con estas leyes se ha logrado igualar ciertos derechos. Se piensa la infancia como sujeto social. Los grupos vulnerables han crecido en reconocimiento de derechos. Del 2007 en adelante comienza a establecerse un sistema de políticas públicas en la Provincia de Buenos Aires con otra lógica, que es la de recortar las competencias que tenía el Poder Judicial. Hasta ese momento el Poder Judicial era el saber absoluto sobre la Infancia y la Adolescencia en la provincia de Buenos Aires.

-Decías que entre el 2007 y el 2015 fue posible deconstruir la idea de Infancia y Familia, ¿cómo?
-Con el armado de leyes sancionadas en esos años. Comenzó otra lógica a través de la cual fue posible pensar herramientas que fueran más allá de la judicialización. Elegir otros recorridos –según las situaciones, por supuesto-, negociar estrategias, pensar redefiniciones, e ir en busca de conquistas políticas (como una política pública social llevada adelante por servicios municipales, o la corresponsabilidad estatal) en pos de un espacio de recuperación de derechos. Utilizar la normativa para modificar la realidad, descolonizar ideas arraigadas y pensar la infancia como sujeto social.

-¿Cuándo se da ese viraje?
-Con la incorporación de la Convención de Derechos del Niño a la Constitución Nacional, en el año 1994, empieza a girar la historia. Hasta ese momento, la mayoría de los niños privados de su libertad estaban en esa situación por cuestiones de pobreza y no por haber cometido delitos. Como decíamos, a partir del 2007, las leyes que habían sido suspendidas por el Poder Judicial, comenzaron a cobrar vigencia, y aparece un Estado que reconoce derechos. Llegar a estas leyes, marca un momento en el que se cristaliza una normativa posible de ser aplicada, pero que no se aplica de forma automática. Se construye un espacio de contraposición con una menor intervención judicial que debe dirimir cuestiones con un enlatado creado a lo largo de muchísimos años y que jugó su rol a través de generaciones con una cultura conformada por otros pensamientos.

-¿Qué vehiculiza la figura del Abogado del Niño?
-Tiene que ver con la consolidación de la democracia. Hay una etapa de efectividad de derechos. La figura del Abogado del Niño es una persona que replica en cualquier procedimiento administrativo o judicial lo que me dice uno de los actores, (que es justamente un niño o una niña). Es una conquista. Implica tener voz (con z y con s) en el proceso.

-¿Cuál es el gran desafío hoy?
-El desafío es que podamos sentarnos todos alrededor de una mesa a discutir los casos. La corresponsabilidad estatal es una forma de manejar las cuestiones de poder entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Proyectos con política pública direccionada, creatividad cotidiana, estrategias, convenios, normativas y tratados son herramientas para que los operadores sociales, que son mediadores de una realidad, puedan pensar espacios de protección integral de la Infancia en torno a una política pública descentralizada. Se trata de no criminalizar la situación, potenciar las políticas públicas y relacionarlas con los actores judiciales. La democracia es reconocimiento de derechos.

Por Laura Rosso