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ENTREVISTA A MARÍA CRISTINA CRAVINO / SEPTIEMBRE 2015

Entrevista a María Cristina Cravino. Asentamientos informales y políticas públicas de hábitat y vivienda.

Entrevista a María Cristina Cravino. Asentamientos informales y políticas públicas de hábitat y vivienda.

¿Qué diferencias se establecen entre la ciudad formal y la ciudad informal? ¿Cómo se planifica la vivienda social desde la Política Púbica? ¿Cómo actuó el Estado desde los años ‘70 hasta ahora en temas de villas y asentamientos? Estas son algunos de los temas a los que se refiere la Antropóloga e investigadora del CONICET, María Cristina Cravino en esta entrevista, que brindó luego de su clase para la Diplomatura en Desarrollo Social Promoción, Protección Integral y Restitución de Derechos con énfasis en la Infancia y Adolescencia, en la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Las líneas que desarrolla Cravino en su trabajo se enmarcan en hábitat popular, políticas públicas, división social del espacio y representaciones de la ciudad. Para comenzar, traza las diferencias entre ciudad formal e informal. Dice: “La ciudad formal es la ciudad reconocida como tal, sus habitantes están reconocidos como habitantes legítimos y cuentan con infraestructura, calles, escuelas, centros de salud, etc. Los servicios funcionan. Es posible realizar reclamos a las empresas, y tienen más acceso a transportes. En cambio, aquellos que están en lo que se llama ciudad informal no tienen infraestructura, están muy lejos de los medios de transporte, hay zonas donde no hay escuelas o existen serios problemas para acceder a ella porque no hay vacantes, no tienen hospitales y presentan un situación inestable en relación a la tenencia del suelo.”

-¿Por eso decís que para entender los asentamientos hay que entender las ciudades?

-Sí, se asocia a eso y también a la demanda de mano de obra. ¿Por qué surgen los asentamientos y las villas? Tiene que ver, en el caso de Argentina y de Buenos Aires más concretamente, por un lado, con las crisis de las economías regionales y en paralelo, en Buenos Aires, comienza el proceso de industrialización sustitutiva, entonces la gente va donde hay trabajo. La gente no migra porque quiere migrar. Está forzada por la falta de fuentes de trabajo. Entonces si la fuente de trabajo está en la capital, va a ir a la capital. El proceso está muy relacionado a la dinámica económica: si hay demanda de mano de obra y hay crisis en la forma de ocupación agraria, la gente migra. Hay que entender la macroeconomía y su relación con la migración. Otra cosa que hay que entender es que la gente no es que quiere tomar tierra, lo que quiere es acceder a un lote y si no puede acceder comprándolo, lo toma como último recurso y pide que el Estado lo expropie y se lo venda en cuotas accesibles. Cuando conforma asentamientos, los habitantes no quieren que les regalen nada, quieren pagar por el suelo, pagar impuestos y no quieren hacer una villa. Esas son todas las consignas que se dicen en un asentamiento. No quieren la villa porque no quieren la estigmatización que ella acarrea, porque quieren una estructura urbana como la formal y alcanzada por procesos de regularización dominial: si es privado el suelo, el Estado debe expropiar y después vender a la gente, o si es tierra fiscal, vender a la gente en cuotas.

-¿Qué momentos podés señalar respecto de la ocupación de suelo?

-Hay varios momentos. En los ‘40 y los ‘50, comienza a crecer la industria y la demanda de mano de obra, en paralelo también se mecaniza el campo, se expulsa mucha mano de obra. Crecen las ciudades y, como un continuum, crecen también los asentamientos y villas como una forma de acceso a la ciudad. Luego, el corte más abrupto fue con la dictadura. Ahí cambian todas las reglas de juego. Desde la normativa de ocupación del suelo, el código de construcción de la ciudad, se deja de incinerar la basura y se empieza a depositar en rellenos sanitarios, también se liberaliza el alquiler, las autopistas modifican toda la forma de comunicación dentro de la ciudad, e incluso la erradicación que en parte se hizo de industrias contaminantes desde la ciudad hacia la periferia y la erradicación casi total de las villas de la capital federal. Esa reestructuración territorial es fundamental, junto con un contexto de política de apertura económica. Entonces se dejó de producir muchísimo, las industrias se quebraron y hubo desocupación y caída del salario real, porque además era un contexto represivo y no se podía pelear por el salario. Todo eso hace que se reestructuren las reglas de juego. Algunas de esas normativas de la dictadura aún permanecen. Entonces, lo que antes era acceder a un lote barato, que significaba para la gente acceder a ser propietario y después en paralelo, a través de la sociedad de fomento, pedir el agua, pedir el asfalto, que pase el colectivo, el camión de la basura, hacer un centro de salud, etc. O sea, era como que la ciudad crecía como crecía la casa cuando el suelo era propio. Pero eso, con las normas de la dictadura se perdió. Fue muy abrupto. Luego, la segunda cuestión con la que también cambiaron las reglas de juego fue en los ’90. Un contexto de desocupación en el que se privatizaron todos los servicios, con lo cual el costo de vivir en la ciudad era muchísimo más alto. Aparecieron como modalidad de vivienda permanente los barrios cerrados y eso es algo fundamental porque en la periferia compitieron para vivir en ese mismo espacio barrios cerrados y asentamientos, con una particularidad, que como eran grandes capitales los que invertían, incluso se apropiaron de tierras que eran inundables. No obstante eso, con tecnología se convierte en urbanizable. El punto es -y se ve con las inundaciones- que se empezaron a urbanizar humedales, lugares inundables que se levantan y modifican todo el escurrimiento del agua. Entonces aparece una competencia, porque ahora la periferia ni siquiera es el lugar donde pueden vivir los pobres. Para ellos no hay lugar: en el centro no están porque los erradicaron en el ‘76, hay muchos mecanismos de expulsión: al mercado formal del suelo no pueden entrar, comprar una vivienda no pueden, alquilar tampoco, en la periferia no pueden. Hay barreras que se van poniendo, y no tienen un lugar. Por eso aumentó la conflictividad.

-Urbanizar el suelo es un negocio económico muy rentable. Cuando el Estado reaparece después de los ‘90, ¿cuál es su rol en cuanto a política pública las viviendas sociales?

-¿Qué pasó después de esas dos grandes crisis de los ‘70 y los ‘90 o el 2000? Después del 2003 apareció un Estado muy activo con planes sociales, primero para contener la peor crisis, y planes de vivienda, que además tiene que ver con acceder a un empleo y construir, además de bajar el déficit. También con políticas sociales de ingresos mínimos como la Asignación Universal por Hijo, y otra serie de beneficios sociales, como la mejora de leyes laborales. Se volvió a la idea de que el trabajo es el vector más importante de integración. Se apostó al empleo formal con una política activa del Estado y a un Estado de bienestar fuerte, mejoras en la calidad educativa, universidades en la periferia para compensar la desigualdad en la educación, más hospitales, calendario con más vacunas, etc. Pero en el tema vivienda se respondió de forma más clásica: vivienda llave en mano, aunque se dijo no a los conjuntos habitacionales en altura. Había una clara sensación de que no habían resultado. Se apostó a vivienda llave en mano unifamiliar, es decir, una casa en un lote propio donde la gente podía ampliar si necesitaba, poner un garaje, o un taller adelante. Respondía más a las necesidades de sectores populares, una vivienda que después sea flexible. También se respondió con urbanización de asentamientos y villas que era una deuda social muy importante, pero no hubo una respuesta en cuanto al suelo. Y una cosa muy importante fueron los servicios públicos. Claramente, la estatización de algunos servicios como el agua, los trenes, y también medidas como créditos para la vivienda. Pero no el suelo, que es el punto crítico; no se pudo construir todo lo que se quiso porque no había donde construir. Entonces el mismo Estado queda atrapado en la cuestión del suelo. La marca de la recuperación de los noventa tuvo que ver con todo esto, con subsidios a los transportes, a los servicios públicos, en algunos casos re estatización, como los ferrocarriles o agua y saneamiento, una política de vivienda, y también se agrega a la agenda lo ambiental, algunas acciones respecto de lo ambiental, como las modificaciones en algunas cuencas, la del río Reconquista, por ejemplo.

-La ciudad informal crece más que la ciudad formal, ¿por qué se da ese fenómeno?

-Porque no se puede comprar, no se puede alquilar, no se puede ocupar si pagar, entonces crece la ciudad informal, pero la particularidad que remarcaría, que tampoco se resolvió y quedó muy claro con las últimas inundaciones, es el conflicto en la periferia entre barrios cerrados y asentamientos.

-Hubo erradicación en los ‘70, hubo desalojos, relocalización, políticas de maquillaje urbano, ¿cuál sería el desafío a enfrentar?
-Una política integral, no hay solución en serio si no es integral. Eso significa mejorar el espacio público pero mejorar también las calles, generar infraestructura comunitaria como centros de salud o centros comunitarios, hacer veredas, iluminar, poner cestos de basura, arbolar. Todo lo que tiene que ver con el espacio público, ponerlo en iguales características que el resto de la ciudad. Pero también lo ambiental, mejorar los basurales, la contaminación, las inundaciones. El PROMEBA (Programa Mejoramiento de Barrios) me parece un buen ejemplo de integralidad. En las villas es importantísimo intervenir en las viviendas porque son muy pocas las viviendas en las que se puede permanecer tal cual están, en cambio en los asentamientos es al revés, cuanto más antiguo es el asentamiento la intervención en vivienda es pequeñísima porque todo se centra en la cuestión dominial.

-¿Cuánto influyen las organizaciones sociales para generar un centro cultural, una salita de salud, un comedor?

-Es una buena pregunta. Cuando hay una organización muchas veces se defienden proyectos urbanos o se puede impedir si alguien quiere ocupar una canchita, o lo que estaba planificado para ser el medio de la calle. Hay organizaciones que tienen la capacidad de decir ‘vos no te venís acá porque en nuestro barrio queremos gente trabajadora’. Hay organizaciones que tuvieron la capacidad de poner sus propias reglas y de pelear con el Estado para conseguir el título o para que se pongan los servicios. La organización es muy importante pero lo que pasa es que no todas las políticas públicas pueden depender de que haya organizaciones.

-Hoy por hoy hay una mirada de derechos.


-Eso es muy importante. Te diría dos cosas. Existe esperanza en los asentamientos populares de que el Estado va a expropiar, va a vender, ellos van a poder comprar, van a pagar en cuotas, van a tener la chequera, sin embargo como hubo políticas contradictorias, la gente aun cuando hace treinta años que está, que paga la electricidad, el municipio hizo la calle, tienen agua con medidor, aun así duermen pensando que pueden ser desalojados. Ese trauma social que fueron los desalojos en la dictadura, se reactiva permanentemente con ejemplos de desalojo en capital y en el conurbano. La gente apuesta a un futuro, a mejorar el barrio pero también depende en qué contexto. Conocen más sus derechos, saben que hay políticas que regularizan, que se les otorga el título, luchan y saben que se puede lograr ser propietario, pero coexiste el miedo al desalojo. Hay una conciencia muy fuerte. Si el Estado da, después no se permite que el Estado retroceda. La gente sabe y está informada, sabe qué pasa en el otro lado de la ciudad porque está pendiente de eso.

(Por Laura Rosso)